Editorial I
El delito de portación de apellido
Es lamentable que algunos militares sean marginados de ascensos por simples relaciones de parentesco
En la más recalcitrante época del régimen estalinista, familias enteras eran enviadas a los Gulags no porque fueran culpables, sino por lo que se atreviera a pensar alguno de sus integrantes. Era el delito genético.
En la Argentina democrática, aunque gravemente despojada en estos días de contenido republicano, sucede algo similar. Jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, propuestos para el ascenso en razón de intachables antecedentes, han sido vetados por tercer año consecutivo de la lista de ascensos militares. Tal discriminación, que comenzó en 2005 con el rechazo al ascenso del coronel Gonzalo Palacios, se ha generalizado. Constituye una deleznable práctica que debe corregirse.
En esta nueva oportunidad, la práctica es responsabilidad de la ministra de Defensa, Nilda Garré, en quien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha delegado por decreto la facultad de seleccionar el orden de mérito de los ascensos. La funcionaria ha sido acusada por oficiales de marginarlos de los ascensos a los que fueron propuestos por sus superiores por simple portación de apellido.
Hay varios rasgos en común entre los militares postergados, además de la vocación por servir a la patria, propia de la profesión que abrazaron. Sus fojas de servicio fueron desarrolladas completamente durante el período democrático, abierto en 1983. Ninguno de ellos había participado en la lucha contra el terrorismo e, incluso, sus edades los apartan de modo elocuente de aquella época trágica. Tampoco pesa sobre tales oficiales reproche ético alguno y todos cuentan con padre o algún pariente que prestaron servicios en cuarteles sindicados judicialmente como parte del esquema militar que reprimió a la guerrilla de los años setenta. Estamos, pues, en principio, ante el delito genético y por éste se los condena.
No podemos ni debemos considerar esta cuestión sólo como un problema personal de un grupo de hombres que eligieron la carrera de las armas. Son ciudadanos que decidieron poner la vida al servicio de la defensa nacional y que, tras una exhaustiva evaluación profesional, fueron propuestos para el ascenso por los superiores.
Que la actual ministra, en un ejercicio arbitrario de facultades, desconozca aquellos méritos representa un inadmisible avasallamiento y menoscabo a las instituciones militares de la república democrática.
A las puertas del Bicentenario, episodios de esta naturaleza no deben ser permitidos, porque fueron desterrados del territorio nacional desde los albores de la Revolución de Mayo. En septiembre de 1810, el primer gobierno patrio debió decidir sobre la promoción de Tomás de Allende, cuyo tío, el coronel Santiago de Allende, había sido fusilado después de haber tenido activa participación en la resistencia armada sublevada en la provincia de Córdoba.
El despacho que asciende al sobrino acredita al mundo entero el dogma de la Revolución de Mayo, pues sostiene que "el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes". Este hecho es reseñado por Mariano Moreno en la Gaceta del 6 de septiembre de 1810 con las siguientes palabras: "El patriota Tomás de Allende recibe el grado de coronel que su tío ha perdido junto con su vida".
Es tiempo de convertir en hechos la repetida frase de la ministra Garré de que los militares son ciudadanos con uniforme. En este año de irreparables pérdidas políticas, cabe recordar las palabras de Raúl Alfonsín, el verdadero impulsor del juzgamiento a los responsables de la represión fuera de la ley, en tiempos en que hacerlo era todavía un acto de heroicidad cívica. Dijo el ex presidente: "Estamos intentando consolidar el tránsito de un pueblo unido hacia su dignidad y para ello es fundamental que haya reconciliación".
Tampoco debe olvidarse que Alfonsín había llamado a señalar a aquellos que confunden justicia con venganza y convocado a que "marchemos juntos desde el corazón mismo de la sociedad hacia la reconciliación definitiva de todos los argentinos".
Debemos deponer rencores, enconos y enfrentamientos y reafirmar el compromiso inclaudicable de nuestros padres fundadores en la vigencia y aplicación del ideario de Mayo y de la Constitución Nacional. Para lograrlo, es necesario apelar a las reservas morales del pueblo argentino y exigir la aplicación de la ley para todos por igual. Es posible.
Editorial del diario "La Nación" del 3 de diciembre de 2009 escrito por su director Bartolomé Mitre.
El que estas líneas publica, Fernando Guillermo Ramos, es yerno del ex Presidente de la Nación, General de División (RE) Reynaldo Bignone
